Donde la trampa es ley

Donde la trampa es ley
Miércoles, Mayo 16, 2012 | Por CubaNet

LA HABANA, Cuba, mayo, www.cubanet.org – Talía González , periodista de
la Televisión Cubana presentó el pasado día 8 de mayo un nuevo capítulo
de su serie de ataques contra los trabajadores por cuenta propia, a
quienes tilda de oportunistas revendedores. Como en este país muy poco
de lo que dice la prensa es casual, me inclino a pensar que la reportera
está cumpliendo una encomienda del gobierno, para justificar la ola
represiva que se ha iniciado contra estos comerciantes.

En su trabajo, Talía entrevista a una persona a quien le han revendido
un artículo, y cuenta: "Llegué y había mucha cola para comprarlo,
regresé al siguiente día y se había acabado en la tienda, alguien por
fuera me lo vendió a mayor precio". Entrevistó también a otra persona, a
quien pretendió adjudicar el mismo título sin corresponderle: "Fui a la
Comisionista (comercio del Estado que vende artículos de producción
nacional en moneda nacional) y no había brochas de pintura, acudí a las
tiendas shopping, y los precios eran excesivamente caros –entonces,
concluyó, sugerido por la periodista-, tendré que acudir a los
cuentapropistas".

Revendedores hay, sin duda, sobre todo en sectores de mucha demanda y
deficiente oferta, como la de materiales de construcción, pero éstos no
son la esencia del problema.

Si todo el problema fueran los revendedores, bastaba con someter los
precios de los productos a las leyes del mercado de oferta–demanda, y
asunto concluido. Pero el problema es mucho mayor y más complejo. Ha
sido sembrado durante años de falta de voluntad política, a la que se
añadió una mezcla de mala intención y veleidad administrativa, por parte
del gobierno.

Las tiendas estatales, que supuestamente venden a precios más bajos, son
las conocidas en la población por su antiguo nombre de Comisionistas.
Pero sus precios son draconianos. Por ejemplo: las brochas en cuestión
suelen oscilar entre 30 y 125 pesos, según su tamaño, equivalente a la
paga de quince días de labor de un trabajador. Y las tiendas shopping,
que venden en dólares, son el doble de caras, a pesar de que los
productos no tienen mejor calidad.

A los cuentapropistas, por su parte, no se les abastece al por mayor ni
se les ofrece otras posibilidades de abastecimiento, como es usual en el
mundo. En su lugar, les obligan a adquirir los insumos en las tiendas
anteriores, y a elaborar los productos y luego venderlos a sus colegas,
para el expendio al detalle, lo cual les sitúa en una posición muy
desventajosa. Los gerentes y empleados de las fábricas se apropian de
una parte de la producción, que desvían a cuentapropistas,
convirtiéndose en la práctica en su almacén mayorista.

De tal manera, los vendedores particulares hacen posible y rentable su
función. Y su espíritu emprendedor los convierte en más eficientes:
están más cerca del consumidor, tienen mejor surtido y a precios mejores
(más altos en los momentos en que el producto referente escasea en esas
tiendas, pero no porque los haya acaparado para revender). Ellos
representan una especie de rectificación al desastre estatal.

El origen del problema está en el abuso extremo con la paga de los
trabajadores por parte del gobierno. Éstos ganan, como promedio, la
décima parte de lo que precisan para cubrir sus necesidades básicas, y
se ven compulsados a robar como único modo de subsistir. La malversación
se ha convertido en el principal incentivo para los trabajadores en
Cuba. Donde no se pueda robar no tiene sentido trabajar.

El asunto ha tomado tal relieve, y hay tanta gente involucrada, que
cuando se compra un producto en una tienda estatal nunca se sabe si es
realmente del establecimiento o de cualquiera de sus empleados en
particular; si es de fabricación industrial o hecho artesanalmente con
materiales robados.

Este marasmo de ilegalidad suele servir al gobierno de cierta manera,
por paradójico que parezca, ya que, al delinquir, los cuentapropistas se
hacen vulnerables y, por tanto, se saben en las manos de las
autoridades, que pueden acabar con ellos cuando quieran. Si el gobierno
quiere eliminar un cuentapropista, le basta con pararse frente a su
tarima e indagar por la procedencia de su mercancía.

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