El Gobierno de Cuba ante el Comité contra la Tortura

Represión, Derechos Humanos

El Gobierno de Cuba ante el Comité contra la Tortura

El Comité planteó preocupación por la ambigüedad jurídica de los presos
excarcelados bajo "licencia extrapenal"

Miriam Leiva, La Habana | 07/06/2012 10:32 am

Las autoridades cubanas durante más de 9 años evadieron el análisis de
sus violaciones de los derechos humanos en el Comité sobre la Tortura de
las Naciones Unidas; período coincidente con la asonada de marzo de
2003, cuando sometió a juicios sumarísimos a 75 pacíficos opositores y
fusiló a tres jóvenes secuestradores de un barco sin ocasionar hechos de
sangre, así como fallecieron en huelga de hambre los prisioneros
políticos Orlando Zapata Tamayo y Wilman Villar Mendoza, y se mantuvo
fuerte represión sobre muchos integrantes de la sociedad civil cubana.

La 48 Sesión del Comité analizó el informe presentado por el Gobierno de
Cuba, cumplimentando su compromiso como Estado Parte de la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (que suscribió en 1987 y la Asamblea Nacional ratificó en
1995), el 22 y el 23 de mayo, y emitió sus Observaciones Finales el 1 de
junio. Las autoridades cubanas siempre han negado la aplicación de
tortura, en alusión a las notables evidencias físicas, pero el concepto
es mucho más amplio.

El Artículo 1 de la Convención precisa que "se entenderá por 'tortura'
todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores
o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener
de ella por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o
de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón
basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o
sufrimientos son infligidos por un funcionario público y otra persona en
el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su
consentimiento o aquiescencia".

El Comité contra la Tortura está compuesto por 10 expertos
independientes, propuestos por los países, pero trabajan a título
personal. Su tarea es supervisar la aplicación de la Convención por los
Estados Partes, los cuales tienen que presentar informe periódicos y
responder a las preguntas sobre las denuncias recibidas, así como acudir
a la convocatoria del Comité para la consideración de los informes.
Sesiona en Ginebra, dos veces al año, y en esta ocasión se analizaron
Albania, Armenia, Canadá, Cuba, República Checa, Grecia, Ruanda y Siria.

Según se constata en los reportes de las agencias de prensa
internacionales, los relatores Nora Sveaass y Fernando Marino Menéndez,
y otros expertos, analizaron el Informe, así como se refirieron en
detalle a las bien documentadas denuncias recibidas, el 22 de mayo, y al
día siguiente, la delegación cubana rechazó todas las imputaciones. El
vice fiscal Rafael Pino Bécquer, argumentó que entre los años 2007 y
2011 fueron atendidas 263 denuncias por malos tratos en lugares de
detención, en razón de lo cual "resultaron penalmente responsables 46
agentes de las fuerzas del orden". Expresó que todas las denuncias sobre
malos tratos eran falsas, negó la existencia de cárceles hacinadas y
afirmó que no ha habido una sola muerte en la prisión de las que se
puede culpar a las autoridades. Sobre la situación de los activistas de
derechos humanos repitió las falsedades tradicionales del Gobierno de
que no "pueden ser calificados bajo ese concepto, según los preceptos de
la ONU", porque sus acciones "buscan destruir el orden interno de Cuba
(…) al servicio y bajo la orientación de una potencia extranjera. En
Cuba, los auténticos defensores de los derechos humanos son protegidos.
Nadie en nuestro país ha sido perseguido o sancionado por ejercer sus
derechos, incluidos los de libre expresión y asociación". Sobre el
concepto de peligrosidad manifestó que es aplicado por jueces
independientes bajo las reglas del debido proceso, de acuerdo con
pruebas suficientes, "y ciertamente no a causa de las creencias
políticas de los individuos. Solo existen detenciones adecuadamente
registradas para un ciudadano o un grupo que quisiera alterar el orden
público".

El documento "Observaciones Finales" del Comité comienza señalando que
el Informe Periódico presentado por el Estado Parte, con más de 9 años
de retraso, no se ajusta plenamente a las directrices establecidas, y
lamenta que algunas de las preguntas formuladas quedaron sin responder.
Reiteró la recomendación de 1997 de que se tipifique en el derecho
interno el delito de tortura, según figura en el Artículo 1 de la
Convención. Recomendó que se garantice a los detenidos todas las
garantías jurídicas fundamentales; se adopten las medidas necesarias
para que las condiciones de detención correspondan a las Reglas Mínimas
de Tratamiento de Reclusos de ONU; se mejore la alimentación y los
recursos para la atención médica y sanitaria; se garantice la
comunicación con los familiares y un abogado; quede completamente
prohibida toda sanción cruel, inhumana o degradante, como el
internamiento en celdas de aislamiento en condiciones deplorables.

El Comité planteó preocupación por la ambigüedad jurídica de los presos
excarcelados bajo "licencia extrapenal", y constató las informaciones
recibidas sobre las restricciones arbitrarias de su libertad personal y
de libre circulación. Asimismo expuso la necesidad de modificar las
disposiciones del Código Penal relativas a la peligrosidad social
predelictiva.

Entre otras cuestiones tradicionalmente muy rechazadas por el Gobierno
de Cuba, el Comité sugirió la ratificación del Protocolo Facultativo de
la Convención para crear un sistema de visitas periódicas de
observadores nacionales e internacionales sin notificación previa,
destinado a prevenir la tortura o penas inhumanos y degradantes, y
reiteró su recomendación anterior de que se permita la entrada al país
de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, y cooperar
con ellas para la identificación de casos de tortura y malos tratos.
También manifestó serias reservas sobre las tres últimas ejecuciones de
condenas de muerte, tras procedimiento sumarísimo, realizadas el 11 de
abril de 2003, y llamó a examinar la abolición de la pena de muerte.

El Comité manifestó que el Estado Parte debe garantizar la investigación
sin demora, exhaustiva e imparcial de todas las muertes de detenidos, y
el seguimiento y tratamiento médico adecuado de las personas privadas de
libertad que se declaran en huelga de hambre. Mostró preocupación porque
no se han producido cambios significativos en el sistema judicial desde
la presentación de su informe inicial en 1997, particularmente la falta
de independencia de los poderes ejecutivo y legislativo; recomendó
garantía al respeto de los Principios Básicos de los Abogados; llamó al
cese de la represión con detenciones arbitrarias o la aplicación de
medidas de seguridad predelictiva contra opositores políticos,
defensores y activistas de derechos humanos, periodistas independientes
y otros actores de la sociedad civil en situación de riesgo y sus
familiares; pidió garantizar que todas las personas estén protegidas
frente a la intimidación y la violencia a las que podrían exponerlas sus
actividades o el simple ejercicio de sus libertades de opinión y
expresión, y sus derechos de asociación y reunión pacifica, así como
autorizar la inscripción de las organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos que lo soliciten en el Registro de Asociaciones
Nacionales. Además, invitó a ratificar los tratados fundamentales de
derechos humanos, en particular el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Político, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, y otros.

Cuando en Cuba no se ha publicado la realización de esta sesión de
análisis, casi seguramente el Gobierno no ejecutará la recomendación de
que se dé amplia difusión al informe presentado al Comité y sus
observaciones finales a través de los medios de difusión oficial y las
organizaciones no gubernamentales. En todo caso puede esperarse
represión a las ONG de la oposición que lo divulguen.

Como el Sr. Manfred Novak, relator especial contra la tortura, no pudo
cumplimentar la invitación de visitar Cuba en 2009, el Comité instó a
reiterarla a su sucesor. El representante gubernamental manifestó que se
está considerando nuevamente una visita, a pesar de que "no tenía fe en
las fuentes de información utilizada por el Comité". Se recuerda la
ilusión inicial del Sr. Novak, que terminó con una total decepción, pues
se le daban excusas y cambiaban las fechas a cada propuesta suya de
viaje, evidentemente debido a su declaración de que se proponía visitar
las prisiones sin previo aviso y entrevistarse con todos los cubanos.
Ahora a su sucesor, el señor Juan Méndez, podría aguardarle una
situación similar, sobre todo después de la pormenorizada exposición de
los métodos represivos del Gobierno contra el pueblo cubano.

http://www.cubaencuentro.com/cuba/articulos/el-gobierno-de-cuba-ante-el-comite-contra-la-tortura-277455