Nadie queda desamparado

"Nadie queda desamparado"
Viernes, Junio 8, 2012 | Por René Gómez Manzano

LA HABANA, Cuba, junio, www.cubanet.org -Durante el último medio siglo,
el pueblo cubano ha aprendido que régimen comunista es sinónimo de
arbitrariedad, coacción, despojo y atropello. A los abusos de carácter
nacional se unen los que son fruto de la iniciativa de los caciques
locales que, amparados en su omnipotencia de señores feudales, a menudo
idean nuevos modos de atosigar a sus súbditos.

Ejemplo de ello son las reacciones de los castristas ante el tema
religioso. Quedaron atrás los tiempos en que el Buró Político y el
Gobierno trazaban desde lo alto las formas y modos en que se perseguía
de modo sistemático a los cubanos que profesaban creencias de ese tipo,
pero sigue habiendo casos en que, en puntos específicos del país, se
adoptan iniciativas enfiladas contra creyentes.

Meses atrás, en una reunión partidista de alto nivel, el propio
presidente Raúl Castro mencionó y criticó un caso de esa índole ocurrido
en Camagüey. Al parecer, el municipio espirituano de Jatibonico es
también un territorio en el que no escasean los actos discriminatorios
de esa naturaleza.

En abril de 2011, la Agencia de prensa independiente Yayabo Press
informó del atropello sufrido por los pentecostales de esta última
localidad, quienes fueron desalojados del templo que, previa la
correspondiente autorización, habían edificado en terrenos de una
cooperativa agropecuaria. El local de oración fue demolido por los
oficialistas, quienes se apropiaron de los materiales con que había sido
levantado.

El matrimonio de los jatiboniquenses Pedro Luis Hernández y Orlidia
Barceló Pérez ha experimentado también en carne propia la discriminación
por motivos religiosos, de la que no los ha salvado ni siquiera la
condición de "mártir internacionalista" del padre de ella, Orestes
Barceló Guerra.

En 1996, "los factores" del instituto preuniversitario en el que
impartía clases el marido —quien es licenciado en Historia y Ciencias
Sociales— decidieron expulsarlo por sus creencias no materialistas; pasó
a una escuelita rural, con un salario muy inferior. Para mantener sus
ingresos tuvo que realizar faenas agrícolas. No hubo distinción alguna
con la mujer, pues también ella fue despedida de su puesto como
bibliotecaria, especialidad en la cual es graduada.

El ingreso de los hijos al sistema escolar significó nuevas dificultades
para la pareja. Para no extenderme demasiado, me referiré sólo a lo
sufrido por el mayorcito, pues el menor se limita a seguir sus pasos. El
infante sufría abusos físicos a manos de su maestra. Al protestar sus
progenitores, la directora del colegio envió a todos al Centro de
Diagnóstico y Orientación (CDO) y planteó a los padres que aceptasen el
traslado del niño a una escuela especializada.

La irresponsabilidad de los "pedagogos" castristas (de algún modo hay
que llamarlos) condujo al chico a un aula atiborrada de menores con el
síndrome de Down. No tardaron en aparecer secuelas fisiológicas, como
caída del cabello, estados de miedo, dolores fuertes e incontinencia
fecal y urinaria. Menudearon los golpes, propinados por la "maestra" y
por compañeritos con trastornos de conducta.

Las demandas familiares (que el niño sea trasladado a una escuela sin
esas características) han sido ignoradas. Al parecer, las autoridades
escolares se consideran en el deber de defender el diagnóstico dado años
atrás por el CDO, donde el puesto de especialista en Psicología, al
momento de emitir el dictamen, era ocupado por una simple maestra
habilitada (a quien en los tiempos que corren supongo que podríamos
llamar "psicóloga emergente").

Desde luego, las violaciones no se han limitado a lo anterior, pues
—además— la gran mayoría de las pruebas psicométricas se han hecho sin
la presencia de los padres, a quienes se les ha negado el acceso al
expediente y se les mintió con respecto al diagnóstico inicial. A ello
se suman alteraciones en documentos y otras anomalías.

Pedro Luis y Orlidia tienen en su poder certificados expedidos por
licenciados en Psicología. En ellos consta que su hijo posee una
"inteligencia normal promedio", pero todo indica que las autoridades
escolares de Jatibonico quieren imponerle la oligofrenia por decreto al
niño. En virtud del retraso mental que le atribuyen al menor, le
prohibieron a éste cursar la Secundaria Básica.

Los atribulados progenitores están desesperados. Oran al Todopoderoso,
pero no han omitido realizar las gestiones que de ellos dependen. No
obstante, sus peticiones terrenales no han sido atendidas: diversos
funcionarios, o bien se han negado a recibirlos, o bien no han hecho nada.

El matrimonio Hernández-Barceló ha pensado en sacar a su prole de la
escuela diferenciada, pero, de hacerlo, los amenazan con procesarlos por
"actos contra el normal desarrollo del menor"…

Quiera Dios que la publicación de este trabajo en Cubanet les sirva de
alguna ayuda a ellos y a sus agobiados chiquillos. En fin de cuentas,
recordemos que, según la propaganda castrista, "la Revolución no deja a
nadie desamparado".

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